El primer año y medio de la gestión de PROMI en el centro Gámez Morón no tuvo polémica alguna recogida en la hemeroteca, transcurrió sin incidentes. De hecho, el 05/01/1998, cuando era inminente la celebración de la moción de censura a Ignacio Velázquez por la que perdería el cargo, el consejero de Obras Públicas, Ernesto Rodríguez, durante una rueda de prensa en la que hizo balance de su gestión, destacó como un logro del equipo de Gobierno la construcción y puesta en funcionamiento del centro Gámez Morón.
   
   Además, como muestra del buen funcionamiento inicial, en esos días se anunció la inmediata puesta en marcha del Proyecto Mediterráneo, pues solamente estaba pendiente del visto bueno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y se decía entonces que podría dar trabajo hasta un total de sesenta discapacitados físicos y psíquicos melillenses, dedicados a la construcción de muebles de madera. El proyecto gestionado por PROMI se evaluó en 112 millones de pesetas a desarrollar en dos años. Para su desarrollo se contó con una de las naves del SEPES.
   
   En el acto de la firma del proyecto, el 12/02/1998, el presidente de la Ciudad, Ignacio Velázquez, declaró que tenía una duración bianual con el aporte del 75% por la Unión Europea, el 15% por la Ciudad Autónoma y el 10% por la Asociación para la Promoción del Minusválido (Promi). Asimismo, destacó la “eficaz colaboración” de dos administraciones y una entidad privada con amplia experiencia en la atención a las personas con minusvalías, así como la aparición por vez primera fuera del ámbito de la unión aduanera de Europa “de este tipo de proyectos, Horizon Mediterráneo, que es la primera vez que se aplica en nuestra ciudad y que es un proyecto de difícil acceso pero debido a los atractivos del proyecto ha sido financiado en su mayor cuantía por estos fondos sociales europeos”.
   
     El 06/05/1998 publiqué un artículo en el diario Sur en el que recogía las declaraciones del entonces director provincial del Imserso, Avelino González (PP), que destacó que durante 1997 su ministerio mantenía el concierto para sufragar “el 100% de las plazas del centro de disminuidos psíquicos Gámez Morón por un importe de 96 millones de pesetas”. No se hablaba entonces de irregularidad alguna ni del deseo de la Ciudad Autónoma de devolver la gestión del centro.
  
Primeros problemas
   
   Sin embargo, en el mismo diario se publicó el 28/08/1998 que la comisión ejecutiva regional de la Unión General de Trabajadores denunciaba en un comunicado la situación que estaban padeciendo los trabajadores del centro de disminuidos psíquicos Gámez Morón, que no cobraban en la fecha prevista sus retribuciones mensuales, un salario, decían, “que viene siendo objeto de continuo mercadeo por parte de los responsables de PROMI, que se permiten el lujo, por ejemplo, de abonar la nómina de julio, el día 21 de agosto”. En el artículo se destacaba que «hoy queremos denunciar públicamente ante la opinión pública y ante los dirigentes políticos, determinadas pautas de comportamiento de una de ellas, PROMI (Promoción del Minusválido), que se estableció hace un año y medio en Melilla, con el objeto de gestionar un centro totalmente nuevo para la atención a disminuidos psíquicos, gestión que es abonada en su integridad por contratos con la administración pública».

   En aquellos días era presidente de la Ciudad Enrique Palacios y recuerdo que, durante bastante tiempo, éste mantuvo encima de su mesa un informe elaborado, en mayo de 1998, por los técnicos de la Consejería de Bienestar Social sobre la situación que atravesaba el centro. Existía ya cierta desconfianza en la Administración sobre la forma de gestionarlo por parte de PROMI.

   Un año después, con Mustafa Aberchan de presidente y Mimon Mehamed de consejero de Bienestar Social, la empresa PROMI tuvo un conflicto laboral con la delegada de personal, Isabel Sobrino y, como consecuencia de ello, la UGT denunció diversas irregularidades. El 28/10/1999, en un artículo de este periodista, publicado en el diario Sur, se recogían unas declaraciones de Ricardo Ruiz Varea, entonces secretario de Acción Sindical, en las que se señalaba que los trabajadores del centro “se sienten presionados pero no de una manera directa sino por otras circunstancias”. A continuación, Ruiz Varea recordó que “hace unos meses unos trabajadores redactaron un informe interno -que no tiene desperdicio- contando algunas deficiencias para su corrección”. Tras ello mostró un censo de los trabajadores de la empresa en el que “todos los que están subrayados fueron firmantes de ese escrito y no se les renovó el contrato o están despedidos. ¿Quién se atreve a no firmar un documento que sale de la oficina de la dirección?”. También hizo referencia al despido de un monitor de los talleres formativos que pidió que los alumnos llevasen más ropa en invierno y que se pusiese en el local un teléfono para urgencias, según Ruiz Varea, le comunicaron al trabajador “de manera indirecta, que es incómodo a la empresa”

   En cuanto a deficiencias en la gestión, Ruiz Varea recordó que hubo “una epidemia de salmonelosis” y que tuvieron que ingresar en el Hospital Comarcal algunos trabajadores y residentes del centro, “ahí está la denuncia en Sanidad” y añadió que “los trabajadores que se dignaron a denunciar esta epidemia de salmonelosis, también fueron despedidos”. También recordó que el taller del que dispone PROMI en el Polígono del SEPES fue cerrado por unos días “por no tener condiciones higiénico-sanitarias mínimas para desarrollar el trabajo”. 
  
   Días después de estas declaraciones, una veintena de trabajadores de PROMI se manifestaron ante la sede de UGT, como forma de protesta al contenido de las declaraciones de Ricardo Ruiz Varea citadas anteriormente. Los trabajadores de PROMI aseguraron que la dirección de la empresa cumplía perfectamente su cometido y rechazaron cualquier tipo de irregularidad en su gestión. La responsable del taller ocupacional de la empresa, Cristina Villalón, comentó que la concentración de los trabajadores ante la sede del sindicato se realizó para denunciar que están totalmente en contra “de las declaraciones basura” que han realizado diversos representantes sindicales. En un artículo del 29/10/1999 se hacía también referencia a que estos trabajadores quisieron dejar claro que la utilización de una habitación de aislamiento no quería decir que se metiera a un alumno residente en una celda “como en tiempos de la Inquisición”, sino que era una habitación acolchada especial para evitar que la persona que sufre determinadas crisis se pudiera hacer daño a sí mismo.
  
   Al día siguiente, el entonces secretario de organización de la UGT, Alonso Díaz, aseguró que las denuncias que habían efectuado en días pasados los dirigentes sindicales sobre las actividades de la dirección de PROMI en Melilla estaban suficientemente documentadas. Entonces dijo Alonso Díaz que detrás de las siglas de PROMI “se encuentran auténticos tiburones empresariales” y que la UGT denunció en mayo de ese año ante el Imserso y la Ciudad Autónoma “las sospechas de fraude y de malversación de fondos públicos que podían estar ocurriendo en la empresa”. Asimismo, informó que, en junio de 1999, en una reunión entre representantes de la empresa, Imserso y Ciudad Autónoma, “se reconoce que existen graves deficiencias en la contabilidad de PROMI” y que, a raíz de una denuncia de UGT, la dirección de la empresa en julio de ese año reconocía que había duplicidad de facturas.
  
Nuevas irregularidades
  
   Un mes después, el secretario de organización de la UGT, Alonso Díaz Díaz, reiteró las acusaciones vertidas en comparecencias anteriores sobre PROMI en relación a supuestas irregularidades y, en este ocasión, se centró en la ejecución del proyecto "Mediterráneo", taller de formación gestionado por PROMI para la formación e inserción de personas con minusvalía, subvencionado por el Fondo Social Europeo (75%) y la Ciudad Autónoma (25%), dentro del programa ‘Horizon II’. En su intervención, el dirigente sindical señaló que entonces todavía seguía vigente el fondo, la esencia, del informe realizado por los técnicos de la Consejería de Bienestar Social en mayo de 1998 (recuerde lector/a, el que estaba encima de la mesa del presidente Palacios) y explicó Alonso que en el centro todavía se utilizaba una sala de aislamiento para los residentes con problemas sin tener en la plantilla personal cualificado. Asimismo, Alonso denunció que, después de tres años, no disponía el centro de un médico, a pesar de que era un requisito que figuraba en el contrato suscrito con la Ciudad Autónoma.
  
   En su comparecencia pública, Alonso Díaz enumeró nuevas supuestas irregularidades contables en el sentido de que los gastos por viajes de los órganos directivos de PROMI eran excesivamente altos, así como que existían facturas de PROMI para justificar gastos que no se apoyaban en soporte documental alguno. Por todo ello, Alonso Díaz comentó que el interventor de la Ciudad Autónoma debía auditar las cuentas de PROMI, ya que pertenecían a la administración, que corría con el 25% de los gastos del proyecto ‘Mediterráneo’ y la tutela del 75% restante aportado por los fondos europeos. Por último, reiteró que la Ciudad Autónoma y el Imserso debían tomar las medidas convenientes para que PROMI dejara de prestar servicios en Melilla.

Impago de nóminas
  
   A finales de enero del año 2000, nuevamente el secretario de Acción Social de UGT, Ricardo Ruiz Varea, informó que cinco trabajadores de PROMI se habían dirigido al sindicato para mostrar su malestar ante el impago de la nómina de diciembre. “Algunos de estos trabajadores aseguran que no tienen ni para comer y que lo suyo no es una cuesta de enero, sino un puerto de primera que ni Indurain subiría, porque en fechas tan señaladas no han contado con sueldo”, explicó Ruiz Varea. Según el secretario de Acción Sindical, entre los trabajadores que mostraban su disconformidad por la situación se encontraban personas que, durante los problemas del verano de 1999, criticaban al sindicato. “Se está viendo que, aunque haya cambiado la plantilla que se suponía problemática, los problemas se repiten porque la empresa no atiende a sus trabajadores”, comentó Ruiz Varea.

   Unos días después, el 12/02/2000, el director provincial del Imserso, Avelino González, realizó el balance del ejercicio anterior y sobre el centro Gámez Morón dijo “el Imserso tiene un concierto de reserva de 30 plazas en el centro Gámez Morón, que la entidad pagaría íntegramente si llegaran a cubrirse, ya que cuenta con reserva de crédito, además de subvencionar 20 plazas de externos con 11.600.000 pesetas”. No hubo comentario alguno sobre el funcionamiento, ni sobre la posible intención de la Ciudad Autónoma de devolver la gestión.

   En marzo de ese año, el centro volvió a ser noticia porque se instaló en sus cercanía una gasolinera (algo que nadie se explica) y que conllevó las protestas de los vecinos de la zona y del profesorado del Gámez Morón debido al alto ruido que producían las obras por la noche.

   Meses después, el 2/6/2000, siendo todavía Mustafa Aberchan presidente, la oposición (PP, PSOE, UPM y Mixto) pidió, durante un Pleno de la Asamblea, más datos sobre las actividades que realizaba PROMI, tanto en el centro Gámez Morón, que gestionaba, como sobre cursos externos que pudiera realizar. La desconfianza sobre la gestión del centro Gámez Morón no sólo estaba en el Gobierno, sino también en la oposición.
  
Sentencia judicial
  
   El 25/10/2000, el diario Sur publicaba que la Unión General de Trabajadores había remitido el día anterior una carta al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, pidiéndole que se investigaran las presuntas irregularidades cometidas por PROMI en el Gámez Morón, después de que una sentencia judicial reconociera su existencia. Se explica en el artículo que PROMI presentó una demanda por vulneración del honor contra la UGT después de que los representantes sindicales denunciasen un uso irregular de los fondos públicos y desvío de éstos a otros centros gestionados en distintas zonas de la Península por la PROMI, pero que, finalmente, el sindicato fue absuelto y en el fallo judicial se reconocía que en la gestión de PROMI había “irregularidades”. En el artículo se recoge que el secretario de Organización de UGT, Alonso Díaz, explicó que PROMI no recurrió la sentencia y que en ella “se reconoce que verdaderamente han existido irregularidades que afectan al personal de la asociación, a la salubridad e higiene de algunos de sus centros y a la justificación de gastos y facturas”

   El sindicato remitió la carta al presidente de la Ciudad para que interviniera "de inmediato” en PROMI, ya que se financiaba con fondos públicos, y reclamaba una “comunicación detallada” de las acciones que decidieran emprender.

Problemas a nivel nacional
 
   Pero PROMI tenía problemas no sólo en Melilla sino también a nivel nacional y tuvo que someterse a un Plan de Viabilidad para poder seguir adelante. El 14/12/2000 el diario Sur informaba que los trabajadores de PROMI en Melilla habían desconvocado, a últimas horas de la noche del día anterior, las medidas de presión que tenían previsto llevar a cabo y entre las que se contaba una concentración en la céntrica Plaza de Menéndez Pelayo. La desconvocatoria estuvo motivada por el Plan de Viabilidad firmado entre las centrales sindicales más representativas (Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores), y los dirigentes de PROMI, en Córdoba que es donde se encuentra ubicada su sede central. Por parte de PROMI estampó su firma el director general Santiago Vázquez Dodero y fue firmado y rubricado por los representantes sindicales y de los comités de empresa y delegados de personal. “De acuerdo con el Plan, los 500 millones de pesetas que se recibirán antes de que finalice el año provenientes de la consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía serán destinados en primer lugar a la normalización salarial de todos los trabajadores a dicha fecha 31 de diciembre. Hay que recordar que los trabajadores de PROMI en Melilla llevan, según fuentes sindicales, tres meses sin percibir sus correspondientes salarios”.

   Doce días después, el 26/12/2000, se señalaba que el documento firmado unas semanas antes no había surtido efecto alguno y continuaban las protestas de los trabajadores que aseguraban que el dinero recibido para gestionar el Gámez Morón “se estaban detrayendo en otras funciones en Córdoba y Jaén, hasta el punto de llegarse a pagar facturas de madera de aquellos centros que no habían, ni tan siquiera, llegado a Melilla, por lo que pedían una auditoría”. El problema le fue expuesto a responsables de la consejería de Bienestar Social a cuyas puertas se concentraron los trabajadores, así como en la Plaza de Menéndez Pelayo, portando pancartas alusivas a su situación laboral, en un intento de concienciar a los melillenses de la importancia que tenía la continuidad de esta casi treintena de puestos de trabajo, y debido a las tareas, un tanto especializadas, que debían realizar en el centro en la atención y cuidado de los discapacitados psíquicos.

El cambio en la gestión del centro
 
   Estaba anunciada una huelga de trabajadores para el 3/01/2001 que no llegó a realizarse porque la consejera de Bienestar Social de entonces, Isabel Quesada, anunció ese día que “la filial de Dragados denominada Clece sustituirá a la fundación PROMI en la gestión del centro para disminuidos psíquicos Gámez Morón, después de que la Ciudad llegara a un acuerdo con la fundación por el pago de las nóminas a los trabajadores en los últimos tres meses”. Isabel Quesada explicó que la sustitución se realizaría uno o dos días después de que PROMI remitiera el documento por el que dejaría el centro a la Ciudad.
  
   El 6/2/2001 la periodista Isabel Sira contaba, en un artículo en el diario Sur, que el día anterior el Consejo de Gobierno había dado el visto bueno definitivo a la adjudicación, por emergencia, del centro Gámez Morón a la filial de DRAGADOS, CLECE.