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08/10/2008
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La estructura municipal de un partido político
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gramatical, rigor científico y profundidad técnica,
Juan José Imbroda ha calificado el proyecto de presupuestos
generales del Estado de “engañabobos” (Ver
noticia en diario Sur). Este académico dictamen económico
no es la valoración de un destacado dirigente del PP de Melilla
o del titular del prestigioso Bribón de Oro de 2005 o del hermano
honorífico de la Hermandad del Rocío, sino que se trata
de la consigna urbi et orbe proclamada por el alcalde-presidente
de Melilla desde su púlpito oficial. En nuestra ciudad la política se inspira en un pésimo guión de un programa de telebasura. Las groserías del político de guardia ya no constituyen una primicia informativa o una agresiva agudeza sino que descubren los supremos argumentos alumbrados por un concierto de inteligencias autonómicas. Ni tampoco a estas alturas las reincidentes agresiones institucionales de los cargos políticos municipales contra la Administración General del Estado provocan algún efecto electoralista o comercial sino que encubren el agotamiento de un régimen de gobierno totalitario y atosigante. Y es que no se trata de que el Ayuntamiento incumpla reiteradamente el artículo 4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que obliga a éstas, en virtud del principio de lealtad institucional, a respetar el ejercicio legítimo por otras Administraciones de sus competencias, sino de que, extendiendo extraordinariamente su sectarismo, Imbroda ha puesto la corporación municipal al servicio de un partido. El Estatuto de Autonomía reconoce a nuestra ciudad la posibilidad de ejercer la iniciativa legislativa. Pero esta facultad está reservada a la Asamblea, que, si lo considera oportuno, podrá solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres concejales encargados de su defensa. Por tanto, ni el presidente ni el Consejo de Gobierno están habilitados para plantear una iniciativa legislativa que, además, en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, corresponde exclusivamente al Gobierno de la Nación. Pero la intensa confusión entre Ayuntamiento y Partido Popular supera cualquier obstáculo estatutario o constitucional. La Ciudad ha puesto su organización económico-administrativa a disposición de PP para que sus parlamentarios enmienden las inversiones proyectadas por el Estado en Melilla. Aunque la injerencia municipal en el ejercicio de competencias estatales es una práctica consolidada en la Administración melillense, la subordinación de ésta a los intereses de un partido significa una vuelta de tuerca en el proceso de politización de una entidad obligada a servir con objetividad los intereses públicos. Esta perversión administrativa sería más fácil de advertir si el ministro de Hacienda hubiese ordenado a los miembros del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas que revisaran el proyecto de presupuestos de la ciudad para determinar su insuficiencia inversora en materia obras municipales y limpieza urbana. Y, aún más, si el presidente del gobierno hubiera convocado un Consejo de Ministros monográfico para preparar las enmiendas a presentar por los concejales socialistas. Pues esto ha hecho Juan José Imbroda con los Presupuestos Generales del Estado (Ver noticia en infomelilla.com). Y esta vez no ha sido sólo otra indebida intromisión en los asuntos de la competencia de otra Administración Pública, sino que ha puesto un Ayuntamiento al servicio de la política de oposición del PP contra el gobierno de España. Pero lo grave no es esta identificación de un interés partidista con un interés general o comunitario, o la pretensión de convertir la estructura administrativa de la corporación en una extensión del aparato del partido, o que todos los melillenses financien una obsesión antisocialista. Lo realmente preocupante es que lo hace sin esconderse. Y no pasa nada. |
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