Opinión
Dinero público y medios de comunicación de ámbito local
La situación actual de convenio entre la Ciudad Autónoma de Melilla y los medios de comunicación de ámbito local no debe perpetuarse más en el tiempo. De hecho, en enero de 2005 finalizan los contratos que actualmente están en vigor por un periodo de 36 meses.
Es el momento oportuno para cambiar la actual situación porque a nadie se le escapa que, tal y como están concebidos los convenios actualmente, llevan a una mediatización de la libertad de información como se entiende ésta en una sociedad democrática. Aseguro ésto porque basta una lectura a las justificaciones que da la Presidencia de la Ciudad Autónoma para el Gasto en Publicidad, en el momento de aprobar los convenios (Acta del Consejo de Gobierno del 3 de mayo de 2004), para corroborar esta aseveración. En el acta se dice del sector de los medios de comunicación que “... fundamentalmente se sostiene localmente con la prestación de servicios que realiza a la Ciudad Autónoma, puesto que de otro modo no podría sostenerse”.
En otras palabras, la Presidencia de la Ciudad Autónoma reconoce que la Administración Local es un cliente de tanta importancia para las empresas de información local que sin sus contratos éstas no “podrían sostenerse”. Por tanto, según entendemos, dicho de manera coloquial, es difícil que un proveedor de servicios trate mal al cliente que le da de comer. Llevado ésto al campo de la información política, es lógico que aquel que no está o participa del gobierno de turno desconfíe del tratamiento informativo de los medios de comunicación por la dependencia de sus empresas del principal cliente, el gobierno local que es al fin y al cabo, el que ordena el pago de las facturas.
Luego, debemos señalar este primer factor: supuesta dependencia económica y posible mediatización en el tratamiento informativo.
Además, hay que tener en cuenta que la proliferación de medios de comunicación que existe en la ciudad, que se ha dado a la par que han existido crisis políticas de diversa índole, también ha conllevado a un aumento significativo de las partidas dedicadas a contratación, publicaciones, publicidad,... En definitiva, podíamos asegurar sin miedo a equivocarnos, que si sumamos todas las partidas relacionadas con políticas de comunicación e imagen (turismo incluido), el gasto de la Ciudad Autónoma en este concepto se ha incrementado expectacularmente.
Por tanto, segundo factor a señalar: aumento del gasto según los condicionamientos del momento político.
Sin embargo, a pesar de la supuesta bonanza económica que viven las empresas de la comunicación, en los últimos años los profesionales de la información y de los diversos departamentos que constituyen la cadena que hace posible la existencia de los medios de comunicación, viven momentos que se pueden calificar de penuria (me refiero básicamente al sector privado, no el público que no entra en los citados convenios). Los sueldos son ínfimos, apenas se han incrementado, cuando ha existido tal incremento, a pesar de que la facturación de sus empresas sí ha aumentado en ese mismo periodo. No sólo las retribuciones son escasas sino que también nos encontramos, por ejemplo, con periodistas con varios años de experiencia que están dados de alta como auxiliares de diverso tipo, o aquel que tiene una nómina más o menos digna, por ejemplo, entra a trabajar a las 06:50 horas de la mañana y termina pasadas las 20:00 horas teniendo unas pocas horas para el almuerzo. Mejor no hablar de las figuras de becarios y colaboradores que esconden otro tipo de mano de obra. Son increíbles las anécdotas que se pueden contar sobre el desarrollo de las jornadas laborales según qué medio. Estas situaciones se esconden bajo la excusa de que no existe un convenio local o autonómico que regule al sector. Esto no es disculpable.
Tercer factor a recordar: situación no regulada con retribuciones escasas y originales condiciones de trabajo.
La propuesta
La administración pública hoy en día se asemeja cada vez más a la empresa en la búsqueda de la rentabilidad de los recursos. Por eso creo que en la política del gasto en comunicación e imagen se debe establecer en base a un porcentaje determinado sobre los presupuestos generales. Es decir, construyamos la casa en base a una planificación adecuada.
Ahora bien, ¿cómo distribuir ese porcentaje entre las diferentes partidas en comunicación e imagen?. Lógicamente eso le corresponde al Gobierno resultante de las urnas, forma parte de sus atribuciones.
No obstante, el gasto destinado a la contratación de servicios de las empresas propietarias de medios de comunicación de ámbito local debería someterse al estudio de un consejo regulador (un nombre como otro cualquiera) para evitar: la supuesta dependencia económica y posible mediatización en el tratamiento informativo; el aumento del gasto según los condicionamientos del momento político; y la situación no regulada con retribuciones escasas y originales condiciones de trabajo de los profesionales del sector.
Este consejo propuesto puede hacer realidad la justificación que hace la Presidencia de la Ciudad en el acta del Consejo de Gobierno (3 de mayo de 2004) que aprobó los actuales convenios: “no sólo habrá que estudiar el carácter del gasto y su naturaleza más o menos prescindible sino analizar el impacto económico y social que ese gasto produce en la sociedad y en el prestador del servicio como empresa que, a su vez, se mantiene con dicho gasto. Hay por lo tanto dos formas de medirlo: el carácter prescindible y la repercusión económica en el tejido productivo de la sociedad”.
¿Qué funciones tendría el consejo?
Primero.- Establecer unos parámetros para la distribución del gasto previsto en los servicios a prestar por las empresas locales de comunicación, en base a la difusión (con los estudios demoscópicos correspondientes y reglados a nivel nacional) y la estructura o dimensión de la plantilla de trabajadores. Debe establecer los criterios a utilizar en el futuro para que los cambios de gobierno no favorezcan a una u otra empresa como se ha dado en el pasado, hay sentencia judicial que confirma ésto.
Segundo.- Promover negociaciones para conseguir un convenio local o autonómico de los medios de comunicación con el objetivo de obtener la regulación del sector conlleve la dignificación profesional de los trabajadores. Así como, establecer con empresarios y sindicatos un procedimiento que permita el seguimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social y tipos de contratos para que los trabajadores/as realicen las funciones para las que han sido contratados/as.
Tercero.- Servir de asesoramiento al ejecutivo para la política de comunicación e imagen de la ciudad de cara al exterior.
Composición del consejo
Lógicamente para gestionar los tres apartados de funciones señaladas deberían formar parte del consejo representantes de: el Gobierno y la oposición (en la proporción que se establece para las comisiones informativas), la Confederación de Empresarios y de la patronal del sector de los medios de comunicación, los sindicatos, la Asociación de la Prensa de Melilla, así como personas de reconocido prestigio ciudadano que pudieran aportar ideas y experiencia.
Ésta es la propuesta. Simple, consiste en un mecanismo regulador que evite la arbitrariedad en el reparto de la “tarta publicitaria” y con ello la posible mediatización o el supuesto control de la información en beneficio del que paga.
Además, se puede aprovechar la estructura que se cree en el consejo para que éste sirva de asesor con respecto al tratamiento informativo de Televisión Melilla, único medio de comunicación pública de ámbito local que es financiado casi en su integridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Miguel Gómez Bernardi (05/12/2004)
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